ESPAÑA
Carne con hormonas
La UE y Estados Unidos intentan llegar a un acuerdo en la disputa por la carne con hormonas
Las autoridades estadounidenses retrasan nuevas sanciones contra productos europeos para facilitar una solución.
18/03/2009 Consuma seguridad

La prohibición europea de las importaciones de carne de vacuno tratado con hormonas de crecimiento será objeto esta semana de una negociación entre la UE y Estados Unidos. Así, la comisaria europea de Comercio, Catherine Ashton, se ha desplazado a Washington para discutir con la Administración y el Congreso del país norteamericano el veto, que dura ya más de 12 años.

Las autoridades europeas han tenido en cuenta la decisión de Estados Unidos de retrasar hasta finales de abril la imposición de nuevas sanciones contra varios productos europeos, en represalia por la prohibición del vacuno con hormonas. Así, la Administración estadounidense iba a fijar aranceles adicionales el día 23 de marzo, pero ahora ha decidido atrasar esta medida un mes, hasta el 23 de abril, ''con el fin de propiciar una solución a la larga disputa'', señaló la Oficina del Representante de Comercio Exterior (USTR, por sus siglas en inglés).

Este aplazamiento ha sido valorado por la Comisión Europea, que confía en encontrar en breve una solución al litigio, aunque no ha precisado en qué línea iría un posible acuerdo. No obstante, el Ejecutivo comunitario ha advertido de que la UE ''no va a relajar la prohibición contra la importación de carne de vacuno con hormonas, no es posible'', dijo el portavoz de Agricultura, Michael Mann.

La UE prohibió en 1988 el vacuno de Estados Unidos sobre la base de que sus ganaderos utilizaban hormonas del crecimiento no permitidas en los países comunitarios. Sin embargo, la disputa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) comenzó en 1996 y dos años después, en 1998, este organismo multilateral dio la razón a Estados Unidos y declaró que las restricciones europeas no eran acordes con las reglas comerciales. La OMC autorizó al país norteamericano a imponer medidas de represalia por valor de 116,8 millones de dólares anuales (90 millones de euros).