La crisis de la ganadería vacuna a la que venimos refiriéndonos desde hace dos años muestra signos preocupantes cuya dimensión procura ocultar el Gobierno con nuevas restricciones informativas.
El embrión de esta crisis se remonta a 2006 con la prohibición de las exportaciones de carnes, y luego con la sanción de cuotas de exportación que limitaron la demanda externa y fragmentaron la competencia entre las empresas exportadoras.
Le siguió la sanción de las licencias de exportación, los llamados ROE, cuya publicación detallada de las empresas beneficiarias ha dejado de conocerse.
Vino después una andanada de resoluciones destinadas a controlar los precios del ganado y de las carnes, y se obligó luego a las empresas frigoríficas a mantener el 75 por ciento de sus stocks con destino al consumo interno en medio de amenazas a cargo del secretario de Comercio Interior y del ex presidente de la Oncca, premiado con el cargo de titular de la AFIP.
Todo ello, debidamente sazonado con descalificaciones constantes desde el atril presidencial. Aun cuando la actividad referida a los ganados y las carnes ha sido frecuentemente intervenida y acosada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, nunca se llegó a tan persistente grado de intervención y degradación administrativa.
La ganadería, que venía creciendo desde principios de la década, comenzó a acusar el rudo mensaje oficial y, pese a los excelentes precios mundiales de las carnes, puso freno a su expansión para mostrar, a partir de fines de 2006, un aumento importante de la faena de vientres.
El sistema de subsidios al engorde en corral, por su magnitud y compleja administración, está muy lejos de contener la declinación mencionada. Algunas cifras lo muestran elocuentemente. La faena de hembras de los dos últimos años ha promediado el 48 por ciento y es indicativa de la liquidación de los inventarios. A ello se suma la mortandad de ganado en los campos, ocurrida en el año último, fruto de la sequía y de la falta de recursos para proveerles alimentos y agua.
Si valen las estimaciones privadas de mortandad cercanas al millón de cabezas, principalmente de vacas y sus crías, ocurrida en el último año, la suma de la faena de hembras más su mortandad llevaría la cantidad a un inusitado 53 por ciento. Otra ausencia estadística ocurrida a partir de noviembre pasado, correspondiente a la faena de vacunos discriminada por categorías de ganado, erosiona la precisión de los análisis.
El reciente acuerdo sobre carnes surgido de las reuniones de los martes entre el Gobierno y la Comisión de Enlace, por su modestia y por la ulterior intromisión del secretario de Comercio, de poco servirá para cambiar la crítica situación descripta.
Para trocar la declinación en crecimiento, se requiere un cambio profundo tanto de políticas como de actitudes, que el Gobierno no se muestra dispuesto a acometer. Por el contrario, ocultando la realidad, al silenciar el sistema estadístico se confiesa la preocupación del propio gobierno por la evolución de la ganadería que podría llevar, según las apreciaciones de calificados opinantes, a la importación de estas carnes. Lo mismo sucede con las nuevas restricciones informativas sobre las estadísticas granarias, luego de una reducción de las cosechas del orden de 25 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. En suma, ''a confesión de parte, relevo de prueba''.
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