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7.
EL ANÁLISIS
Todo indica que la actual crisis es la consecuencia de un proceso que
ha tenido varias fases.
La primera fase se abre en 1985, cuando se detectan los primeros casos
de EEB en reses del condado de Kent, en Inglaterra. En 1986, los investigadores
británicos del Laboratorio Central de Weybridge de Londres identifican
la nueva enfermedad como encefalopatía espongiforme bovina. Los casos
de reses enfermas se extienden desde ese momento rápidamente afectando
a toda Inglaterra y, en menor medida, a Escocia e Irlanda. Puede considerarse
que esta fase se cierra en 1988, con la prohibición de las harinas animales
sospechosas de la contaminación por parte del gobierno británico.
La segunda fase se abre en 1988 y, a la luz de los datos disponibles actualmente,
se caracteriza por la nula aplicación de medidas de control sanitario.
Oficialmente no debían nacer más vacunos enfermos desde 1993, en función
de la prohibición, pero los casos se multiplican hasta afectar oficialmente
a 160.000 cabezas de ganado vacuno en el Reino Unido.
La tercera fase se abre a comienzos de 1994, aunque se hace pública recientemente.
Se caracteriza por la aparición de casos de Creutzfeldt Jakob en personas
jóvenes y por la aparición de la alarma médica ante la emergencia (12
casos en dos años). El gobierno de John Major, después de fuertes disensiones
y demoras, declara públicamente que existe la posibilidad de que estos
casos se deban al consumo de reses afectadas (21 de marzo de 1996).
La cuarta fase se inicia el 3 de abril de 1996, con la decisión de la
UE de embargar los productos cárnicos de vacuno británico y se caracteriza
por las fuertes tensiones políticas entre el Reino Unido y sus socios
europeos por la medida tomada por el Consejo de ministros de Agricultura,
apoyados en el dictamen favorable al embargo emitido por el Comité Veterinario
Permanente.
El problema fundamental que se plantea es la imposibilidad de establecer,
al menos de momento y oficialmente, una previsión epidemiológica que permita
aplicar o descartar el modelo de aceptación de riesgos estadísticamente
residuales. Es decir, no se tienen datos suficientes para relacionar la
variable económica (coste de una erradicación radical con el sacrificio
de una parte considerable de la cabaña británica, que podría afectar a
4 o 5 millones de vacunos) y la sanitaria (riesgo efectivo de contagio
por ingesta de carne de animal afectado).
De un lado, los partidarios de la prudencia económica entienden que se
trata de muy pocos casos de Creutzfeldt Jakob para un consumo masivo y
continuado de carne afectada durante casi una década. Del otro, los partidarios
de la prudencia sanitaria recuerdan que el período de incubación de la
enfermedad es muy prolongado y que esta primera docena de muertes podría
ser sólo el preludio de una epidemia con cientos de miles de afectados.
Si los partidarios de levantar el embargo, como EEUU, inciden en el elevado
coste económico y en la crisis que implica la medida para el sector cárnico
para sugerir la aceptación del riesgo estadístico residual, los partidarios
de mantener las medidas de aislamiento y erradicación radical de la EEB
inciden tanto en el riesgo sanitario imprevisible (incluyendo el coste)
como en la necesidad de impedir que la EEB se extienda a otras cabañas
europeas, o acabe por generar una desconfianza generalizada que provoque
el hundimiento de los mercados cárnicos europeos, bovinos y no bovinos,
en función del número creciente de afectados que es previsible aparezcan
en los próximos años.
Todo indica sin embargo que existe un consenso en relación al concepto
de aceptación del riesgo residual. Ésta podría ser la base de un levantamiento
paulatino y escalonado del embargo a corto plazo, empezando por ciertos
derivados como el sebo, la gelatina y el semen, para proseguir con otros
derivados en función del riesgo potencial.
Los productos sobre los cuales el embargo se levantaría a más largo plazo
serían los embriones (de venta parcialmente prohibida desde 1992 y totalmente
desde el pasado 3 de abril) y la casquería, que estaría prohibida hasta
la erradicación definitiva de la EEB, prevista para el año 2002.
Los animales vivos podrían estar embargados todavía por un período difícil
de determinar. El Reino Unido quiere que se levante la medida para todos
los animales nacidos después del pasado 1 de mayo, mientras los expertos
de la UE barajan plazos de dos y tres años como mínimo. Los mismos plazos
se manejan para la comercialización de las carnes.
A la luz de los datos disponibles, todo hace pensar que, en las próximas
semanas, el debate y las negociaciones entre la UE y el Reino Unido se
centrarán en la determinación de este calendario escalonado y que las
fechas que se manejan todavía pueden cambiar mucho, en función de los
resultados de las investigaciones científicas en curso para alcanzar un
conocimiento mayor de los mecanismos de contagio y de los posibles índices
de prevalencia de la enfermedad.
En principio, los científicos parecen inclinarse a descartar el riesgo
de contagio a través del sebo, las gelatinas y el semen, así como parece
haber acuerdo sobre la elevada toxicidad de los productos de casquería
y de todos aquellos relacionados especialmente con el sistema nervioso
y el riego sanguíneo.
Sin embargo, desde el punto de vista socioeconómico y político importa
estimar no sólo el peso del riesgo sanitario real, sino la percepción
del riesgo por parte de los consumidores europeos, especialmente sensibilizados
por la masiva emergencia de alimentos "no naturales". En tal
sentido, basta ver la desconfianza y resistencia que está produciendo
la salida al mercado de alimentos obtenidos por ingeniería genética, o
la contestación al modelo de producción cárnica en general (aves, cerdos,
etc.).
No cabe duda de que la EEB acrecentará esta desconfianza y tendrá su impacto
en las perspectivas de mercado de ciertos productos que en estos momentos
se están desarrollando y que afectarán directamente a todos los países
de la UE.
Así, por ejemplo, en el caso de España, podría cuestionarse el esfuerzo
en fase avanzada del sector cárnico porcino por conseguir un jamón serrano
con menos grasa y más músculo, con terapias hormonales a base de hormona
del crecimiento somatotropina porcina (psT), o con la obtención de animales
transgénicos (con material genético extraño introducido en su ADN para
lograr estándares más competitivos desde el punto de vista de la comercialización).
También es un hecho la resistencia europea a la utilización de STB (somatotropina
bovina), hormona que favorece la producción lechera, ampliamente empleada
en EE.UU.
¿Cómo reaccionará el consumidor europeo psicológicamente ante la inevitable
asociación mental entre "hormona de crecimiento" y Creutzfeldt
Jakob en niños tratados con esta hormona años después?. ¿Aceptará este
riesgo? ¿Quién puede cuantificarlo y garantizar su "remota"
posibilidad de incidencia a largo plazo?.
No existe ningún país europeo que no se encuentre ante el mismo dilema
en relación a la creciente emergencia, a nivel de mercado, de la biotecnología,
tanto en alimentación y sanidad como en un campo cada vez más variado
de sectores de actividad económica.
En este sentido, ya se ha advertido por parte de muchos expertos que podemos
inadvertidamente estar induciendo modificaciones genéticas potencialmente
trasmisibles por la vía hereditaria y que, como se adelantó, podrían revelar
su auténtica dimensión al cabo de veinte o treinta años, cuando fuera
demasiado tarde para reaccionar.
Como este dilema afecta globalmente a la producción de alimentos con destino
al consumo humano, la emergencia de la EEB y de los nuevos Creutzfeldt
Jakob en personas jóvenes podrían tener consecuencias imprevisibles en
el caso de que la crisis se cerrara en falso, en contra o a favor de la
posición británica.
En este contexto, parece aconsejable extremar la prudencia política tanto
como la sanitaria, evitando que los intereses económicos sectoriales introduzcan
elementos de tensión añadidos. Tal como evoluciona la crisis, se corre
el riesgo de que estos elementos de distorsión, como los factores emocionales
(el sentimiento nacional y sus demonios ancestrales), acaben por hacer
de la EEB el disparador de las fuerzas desintegradoras subyacentes de
los nacionalismos, que no dejan de aflorar tampoco en fenómenos tan lamentables
como la periódica destrucción de productos españoles a cargo de agricultores
franceses.
Todo parece indicar, en suma, que la labor prioritaria pasa por encontrar
la fórmula para desactivar la crisis aislando el problema científico y
sanitario de todas estas connotaciones distorsionadoras. En este contexto,
tiene especial trascendencia la opinión experta de los especialistas,
así como la comunicación de estas opiniones a la sociedad.
La evolución de la crisis depende en buena medida de la responsabilidad
de los científicos y de su capacidad para sustraerse a los factores extracientíficos
en juego. El riesgo sanitario real que debe ser valorado debería, a su
vez, determinar de forma racional y sensata la toma de decisiones, al
margen de los intereses económicos sectoriales y de la dialéctica política
europea con sus alianzas coyunturales.
Es la sociedad europea, el conjunto de sus ciudadanos consumidores, la
que debe definir cuánto riesgo está dispuesta a asumir en cada caso y
en función de un modelo de producción de alimentos que excede en mucho
a la carne de vacuno, y afecta tanto a los productos cárnicos como hortifrutícolas.
En todo caso, lo que no parece conveniente en absoluto es lo que se está
haciendo: limitar el problema a la emergencia de la EEB de la cabaña británica,
como si se tratara de un problema puntual que no puede afectar en absoluto
a un modelo de producción alimentaria libre de toda sospecha que, paradójicamente,
es en lo fundamental el mismo modelo.
Este expediente, aparte de ser la peor forma de cerrar la crisis actual,
hará que la histeria social se recrudezca ante la próxima emergencia sanitaria.
Ir por detrás de la crisis, ser incapaces de adelantarnos a ella y prevenir,
sólo garantiza la reiteración agravada de la crisis en el futuro.
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